LA BURGUESÍA ESPAÑOLA EN EL PODER: reinado de Isabel II (1843-1868)

Como director de escena jugó un papel destacadísimo un nuevo espadón, el general Narváez., que gobernaría directamente el país en seis ocasiones, durante casi nueve años en total. Estableció un régimen autoritario y represivo durante el cual España conocería un afianzamiento del nuevo sistema burgués.

La ideología de los moderados se basaba en el llamado liberalismo doctrinario, versión de esa teoría que pretendía limitar los derechos y las libertades populares, restringir el voto a los ricos y favorecer, en todo caso, el enriquecimiento de la nueva clase dominante. Se concretaba en la nueva Constitución de 1845, en la que se negaba el principio de la soberanía nacional y la elección popular de alcaldes, etc: la representación nacional, las elecciones y las propias Cortes no dejaban de ser una ficción alejada de la opinión y los intereses de la gran masa popular.

Decididos a tranquilizar a los sectores más reaccionarios del país y a integrar a los carlistas en el juego liberal con Narváez se decretaron medidas de talante conservador. Para aplacar al Vaticano, aún molesto por la desamortización eclesiástica, paralizaron la venta de bienes nacionales y llegaron a un acuerdo (el Concordato de 1851) por el que el Estado se comprometía a hacer respetar la fe católica en la enseñanza, a dotar de sueldos a los clérigos con cargo al presupuesto y otros beneficios que ponían a España en la situación de un estado confesional. A cambio, el Papa reconocía como legítimas las propiedades adquiridas en la desamortización. Isabel II sería llamada ya amadísima hija en los documentos papales.

Como no podía ser menos, el orden público debería ser garantizado y para ello se creó un nuevo cuerpo militar, la Guardia Civil, destinada a reprimir las expresiones de descontento popular, cada vez más frecuentes. Con esta institución, el conservadurismo español iba a disponer ya para el futuro de un cuerpo represivo eficaz, sobre todo en el campo.

Los moderados, a su manera, intentaron la modernización del país con otras medidas: un nuevo Código Penal; el primer Plan General de Estudios, que reglamentaba y ponía la enseñanza bajo el control del Estado; una reforma fiscal, que establecía un sistema de impuestos más uniforme y suprimía privilegios regionales. En estos años se crearon los primeros bancos y empresas de ferrocarril con capital español, y experimentó cierto auge la industria textil en Cataluña. Se diría que el liberalismo censitario había metido a España en el camino de la prosperidad.

Sin embargo,  la mayoría inmensa del país quedó totalmente excluida del juego político. El descontento político llevó nuevamente a algunos sectores del carlismo a sublevarse en 1846 (guerra de los “Matiners” en Cataluña), sin esperanza alguna de éxito. Por su parte, en la filas progresistas algunos no confiaban ya en las posibilidades del sistema liberal para satisfacer los derechos de la gran mayoría de la población y se empezaban a denominar “demócratas”, denunciaban en determinados periódicos las teorías gastadas y las intrigas entre los viejos partidos. Comenzó a difundirse entre estos sectores la idea de que era necesario cambiar el sistema de propiedad y de organización social; y llegaron a España las influencias de los primeros pensadores del socialismo utópico. Frente a la monarquía, para muchos aparecía la república como la forma más justa y racional de  gobernar.

Europa en estos años se encontraba en efervescencia. En 1847 tuvo lugar una crisis económica de gran envergadura que lanzó al paro y a la miseria a miles de trabajadores. Al año siguiente se produjo una explosión revolucionaria, que afectó a la mayor parte del continente. El pueblo se sublevó exigiendo, además del sufragio universal, el “derecho de vivir, derecho de trabajar y participar en los productos”. Es decir, había una demanda de democracia y de derechos sociales que ponía contra las cuerdas el liberalismo de los propietarios. Las consecuencias de aquella crisis se dejaron sentir también en España. El parón en las inversiones extranjeras, el malestar social y político llevó a algunos levantamientos de demócratas y republicanos y a una represión gubernamental muy dura. Narváez gobernó durante esos años como un auténtico dictador.  Pero las consecuencias del nuevo clima revolucionario popular llegaron a España un poco más tarde: se propuso en 1851 un recorte aún mayor de la representación nacional en el sistema isabelino. Se propuso elaborar, de hecho, una constitución aún más moderada que la de 1845: sólo votarían los 150 ciudadanos más ricos de cada distrito

El hecho es que los liberales de todos los matices se apercibieron para la luchan contra Narváez y su gobierno. E1 resultado fue un pronunciamiento, dirigido, por los generales Dulce, O'Donnell y Ros de Olano, secundado por sublevaciones populares en las principales ciudades. O'Donnell firmaba el 6 de junio de 1854, después de una escaramuza con las tropas de Narváez en Vicálvaro, el célebre Manifiesto del Manzanares, en el que prometía reformar la ley electoral y ampliar el sufragio, y convocar Cortes Generales.

Hubo una radicalización revolucionaria después de la Vicalvarada que obligó a Isabel II a recurrir al general progresista más prestigioso: Espartero. Este formó un tándem con O'Donnell que daba al nuevo gobierno la forma de una coalición progresista-moderada. Durante dos años se acometió un programa de gobierno que suponía la resurrección del progresista de 1837. Una vez eliminados de la escena los demócratas y republicanos, se aprestaron los nuevos gobernantes a poner en marcha leyes que completarían las reformas de hacía quince años: la más importante del bienio fue la Ley de Desamortización General, de I de mayo de 1855. Se trataba de completar la ley de Mendizábal y dar un nuevo impulso a la venta de bienes nacionales con los mismos fines de antaño: poner en manos privadas bienes de uso y propiedad común, amortizar títulos de Deuda del Estado y sanear así la famélica Hacienda pública. La trascendencia de esta Desamortización, hecha a la medida e interés de terratenientes y burgueses urbanos que vieron aumentar sus latifundios y fincas de recreo.

E1 otro flanco de la vida pública, que los gobernantes del bienio progresista atendieron con presteza, estaba también determinado por las necesidades de desarrollo económico. De 1855 data la Ley de Ferrocarriles en la que se estableció el mecanismo financiero que iba a posibilitar que España contase, hacia 1870, con una red modesta de vías férreas de unos cinco mil kilómetros. El ferrocarril, el más claro signo de progreso de la época, en España fue un gran negocio que, si no contribuyó al desarrollo industrial del país, sí procuró en cambio substanciosas ganancias a los constructores y propietarios de vías férreas.

A pesar de todo, la voluntad de los progresistas quiso ir más allá del moderantismo y ampliar derechos políticos y libertades. A punto estuvieron de promulgar una nueva Constitución, en 1856, que no pasó de proyecto: soberanía nacional, iniciativa legislativa en cámaras elegidas por un sufragio ampliado hasta casi setecientos mil electores, etc. No pudo ser, porque una nueva crisis y malentendimiento entre los Progresistas y los asustados moderados, llevó a la reina a nombrar como jefe de gobierno a O'Donnell. Los diputados se fueron a sus casas. El ejército, que cada vez manifestaba un talante más conservador, aplastó a la Milicia Nacional y todo terminó con la vuelta al moderantismo.

En los doce años que siguieron, los moderados mantuvieron ininterrumpidamente el poder. O'Donnell restableció la Constitución de 1845. Un nuevo partido, la Unión Liberal, pretendía superar la discordia entre los liberales con soluciones de "centro" y estabilizar el sistema. Vano intento: Narváez volvió a gobernar hasta 1858 y se dio prisa en suspender toda legislación progresista, atrayéndose a los sectores más reaccionarios del país, los llamados “neocatólicos”, los carlistas reciclados y los conservadores de toda especie.

Durante cinco años, de 1858 a 1863, la Unión Liberal volvería  a intentar atraer a los progresistas que se retraían de participar en la vida política y restaban legitimidad al sistema. Continuó la expansión del ferrocarril, la extensión de áreas cultivadas y de explotaciones mineras, de los bancos y de los textiles catalanes. En pocos años, salieron a la venta una enorme cantidad de bienes desamortizados. Pareció por un momento que España daba un salto adelante: hasta se resucitaron los sueños de grandeza imperial con nuevas aventuras coloniales.

La economía española en 1860 tenía una fuerte relación con las colonias que se mantenían en América y en el Pacífico. Por su parte, las potencias europeas en estos tiempos estaban impulsando con fuerza un nuevo colonialismo, esencial para conseguir fuentes de materias primas para su desarrollo industrial. De manera que hablar de prosperidad en Europa era hacerlo de expansión hacia el exterior: África, Asia y América del Sur estaban esperando el saqueo europeo. Los Unionistas embarcaron a España en aventuras coloniales de dudosos resultados. Siempre de la mano de Francia, se buscaban mercados y zonas de influencia para dar salida al excedente de mano de obra y afirmar la posición española en el mundo. Una empresa nacional que daría supuestamente riqueza y prestigio.

La primera intervención tuvo lugar en Marruecos. Otras expediciones, a México y la Conchichina, no pasaron de escaramuzas sin sentido, en las que España actuaba como colaboradora de la expansión imperialista de la Francia de Napoleón III. Las consecuencias de aquellas empresas fueron sobre todo ideológicas: la difusión de la idea de que España tenía una tarea exterior que desarrollar y cierta reafirmación patriótica y nacionalista. Entre los militares comenzaba a surgir, por otra parte. el “africanismo”, (conciencia de un destino que cumplir en el Norte de África, un espacio donde hacer carrera y obtener condecoraciones).

En el agitado proceso de la revolución burguesa en nuestro país, si algo queda claramente demostrado es la debilidad del sistema parlamentario: hacia 1860 hay ya elaboradas cinco cartas constitucionales; el pronunciamiento es la vía normal de cambio de poder y la mayor parte de la nación está fuera de la participación política.

De otro lado, la lenta y defectuosa industrialización española se justifica por un cúmulo de razones: el bajísimo nivel de vida de los españoles, especialmente el campesinado, que no demandaban productos industriales (si acaso absorbían una modesta producción textil); la inexistencia de un mercado organizado por falta de una red viaria que facilitara la relación centro-periferia; la inversión, por parte de los poseedores de capital, de sus dineros en empresas no industriales (economía especulativa). Una industria, pues, raquítica y anticuada, en la que estaban surgiendo también dos grupos llamados a tener un gran protagonismo histórico: el proletariado y la burguesía industrial.

E1 movimiento obrero surgió como respuesta a este estado de cosas. En la España isabelina, a pesar del escaso número de obreros industriales, se desarrolló un comienzo de lucha y organización del proletariado. En 1839 fueron autorizadas las asociaciones obreras; surgieron entonces los primeros grupos organizados exclusivamente proletarios. Las reivindicaciones obreras se centraban en objetivos que hoy nos parecerían limitadísimos: libre asociación, reducción de horas de trabajo, aumentos salariales, jurados para la resolución de quejas y conflictos. etc. Estas aspiraciones eran excesivas para los beneficios que apetecían los propietarios de las industrias y el moderantismo español, por lo que en estos años las revueltas obreras secundan normalmente a los progresistas y demócratas en la lucha política. A finales del período isabelino, el movimiento obrero español tomó contacto con la clase obrera europea y se vinculó rápidamente al movimiento internacional que representaba la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) o Primera Internacional; eran tiempos de madurez del movimiento obrero, y el socialismo y el anarquismo encontrarían eco entre el proletariado español. El movimiento obrero, excluido de la vida política y .cultural, se esforzó en esos años por dignificar su condición. Periódicos obreros, centros culturales acercaban la instrucción a los trabajadores y difundían sus reivindicaciones.

La burguesía industrial, por su parte, reducida entonces casi únicamente a Cataluña, estaba de hecho subordinada a la hegemonía de terratenientes, banqueros y especuladores, que eran quienes realmente detentaban el poder en Madrid. Su miedo a la revolución social les hacía actuar como un grupo de presión con dos peticiones constantes al poder central: una legislación económica proteccionista y la conservación de la paz social.

A la altura de los años 60 el régimen isabelino, que había vuelto a la situación de 1845 (moderantismo, represión y exilio de progresistas, demócratas y republicanos) , presentaba profundas grietas. No era la menor la impopularidad de la Reina, sujeto de coplas y mofas públicas como atestigua la prensa ilustrada de la época. En efecto, el desprestigio de Isabel, que arrastraba a la propia monarquía y hacía crecer el republicanismo, iba en aumento y estaba más que justificado. En la imagen popular, la Corte aparecía como un nido de corrupción con ribetes tragicómicos. Desde que en 1846 se vio obligada a contraer matrimonio con su primo Francisco de Asís, Isabel protagonizó caprichos y ligerezas sin cuento, rodeada de personajes de opereta como el Padre Fulgencio, confesor del marido, y Sor Patrocinio, una monja milagrera propensa al éxtasis, personajes públicos o de moda, entre otros. Durante su reinado hubo 51 gobiernos diferentes. Como quiera que las prerrogativas constitucionales le permitían cesar y nombrar jefe de gobierno sin control del parlamento, pudieron verse disparates como el del gobierno del conde de Cleonard que duró, exactamente, un día.

Están en todo esto las claves de por qué a partir de 1863, año en que cae O'Donnell, la suerte del liberalismo moderado fue ligada a la de la propia dinastía. Desde 1863 hasta 1868, se sucedieron gobiernos cada vez más autoritarios. La oposición a la reina crecía, mientras la agitación popular aumentaba. En 1865 la Universidad se manifestó contra el gobierno protestando por la expulsión de Castelar. Poco más tarde, tuvo lugar un nuevo pronunciamiento progresista, dirigido por Prim, “el héroe de la guerra de África”. El fracaso y fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil no detuvo a las conspiraciones.

Una nueva crisis internacional del capitalismo, cuyos síntomas en España fueron el hundimiento de bancos y de la Bolsa, así como la paralización del tendido ferroviario y la quiebra de las sociedades inmobiliarias, vino a agravar la situación del país. A este estado de cosas, se sumó el “hambre del algodón”, provocada por la Guerra de Secesión en Norteamérica, que trajo consigo el encarecimiento de las materias primas e hizo entrar en crisis a las fábricas textiles. Dos años de malas cosechas, en 1867-68, ensombrecerían aún más el panorama provocando crisis de subsistencias y dando lugar a los consiguientes motines populares.

En agosto de 1866, en ese caldo de cultivo, una serie de personalidades progresistas y demócratas acordaron en Ostende (Bélgica) un pacto cuyo programa era escueto: supresión del régimen isabelino, gobierno provisional y Cortes Constituyentes. O'Donnell y Narváez morían en 1867 y 1868. La mayoría de los generales,  unionistas, se enfrentaron al gobierno de González Bravo (hasta ocho generales fueron a la cárcel) y formaron una piña en torno a Serrano y Prim. El movimiento revolucionario estalló en septiembre de 1868, siguiendo el esquema ya clásico de todo pronunciamiento: sublevación militar y formación de "juntas" revolucionarias por la ciudadanía. La revolución de septiembre, “La Gloriosa", al grito de “¡Viva España con honra; abajo los Borbones!”, fue el último intento revolucionario en que la burguesía española se levantó, secundada por gran parte del pueblo, exigiendo libertad. El objetivo era alcanzar de una vez un sistema democrático.