EL “SEXENIO REVOLUCIONARIO” (1868-1874)

El levantamiento militar de 1868, protagonizado por los generales Prim, Serrano, Dulce y el almirante Topete, se inició en Cádiz; se extendió rápidamente por Andalucía y otros lugares de la Península y triunfó de inmediato, tras un breve encuentro con tropas leales al gobierno en Alcolea del Pinar (Córdoba). Isabel II  que veraneaba en Lequeitio, marchó al exilio en Francia.

 Fue una sublevación masivamente secundada por los Ciudadanos, que venían ya con anterioridad constituyendo juntas revolucionarias en pueblos y ciudades. Por los Manifiestos que, al igual que en 1808, fueron leídos en las plazas y publicados en la prensa, sabemos cuáles eran las aspiraciones populares. Una suma de derechos políticos y reivindicaciones sociales que constituían todo un programa democrático: Cortes Constituyentes para establecer el tipo de régimen; sufragio universal; libertades de asociación, reunión, imprenta, religiosa y de enseñanza; supresión de las quintas, de la pena de muerte y de ciertos impuestos.

Resurgió la Milicia Nacional, que ahora se denominó Voluntarios de la Libertad, como medio de defensa de la revolución. Unidos en el mismo combate el movimiento obrero y la burguesía, parecía tratarse de una explosión nacional con un mismo entusiasmo. Sin embargo, pronto surgieron las desavenencias: Serrano y Prim, que no eran demasiado radicales, se apresuraron a desarmar a los Voluntarios de la Libertad desde un gobierno provisional que excluyó a los demócratas. EI 25 de octubre dirigieron un Manifiesto a la Nación en que recogían los programas de las Juntas, pero sin aludir a ningún cambio en cuestiones económicas.

Se trataba de estabilizar rápidamente la revolución y construir por primera vez un Estado democrático en la convulsa España. Pero la tarea no iba a ser fácil. Las elecciones para Cortes Constituyentes, en las que por primera vez pudieron votar todos los varones españoles mayores de 25 años directamente, configuraron un parlamento representativo de la correlación de fuerzas, fiel reflejo de las opiniones políticas de los españoles, pero también demasiado plural para los retos del momento.

Aquellas Cortes elaboraron la Constitución de 1869, la más democrática y avanzada que podía imaginarse en la Europa de entonces, que reconocía derechos como la inviolabilidad de la correspondencia, la voluntad de descentralizar la Administración, la democratización plena de ayuntamientos y diputaciones, etc.

Aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente y Prim, el hombre fuerte de la situación, jefe de Gobierno. Los problemas que había que enfrentar para consolidar la monarquía democrática eran diversos y muy graves. En síntesis: la búsqueda de un candidato para el trono vacante; la respuesta de las demandas populares de abolición de impuestos y quintas; la solución a la situación de Cuba, donde desde 1868 había estallado una seria insurrección independentista. Estas cuestiones constituían un enrevesado puzzle de problemas de muy difícil solución, con complicaciones internacionales por medio, que sólo podría haber compuesto una coalición de fuerzas muy sólida. Por el contrario, cada problema desencadenó rupturas y enfrentamientos que llevaron al fracaso del experimento. Una parte de los republicanos (los “Intransigentes”), frustrados por la forma monárquica de gobierno y la falta de soluciones a la cuestión social, promovieron ya en el verano de 1869 sublevaciones generalizadas. Hambre de obreros y hambre de tierras de los campesinos estaban detrás de las protestas, que fueron sofocadas sangrientamente. Por otro lado, la derecha más recalcitrante, los carlistas, afilaban ya las armas.

La candidatura al trono recayó al final en Amadeo de Saboya, tras difíciles negociaciones en las cancillerías europeas. Napoleón III en Francia y Bismarck en Alemania condicionaron el resultado final. La “salida italiana” ofrecía garantías de pureza liberal: los Saboya, dinastía unificadora de Italia, no estaban contaminados de autoritarismo y, además, ofrecían una posibilidad de contención frente a los republicanos. Prim apostó decididamente por esa solución y consiguió que las Cortes nombrasen rey a Amadeo de Saboya por 191 votos contra 120. Escaso apoyo para asunto tan problemático.

El 30 de diciembre de 1870 desembarcaba en Cartagena el nuevo rey de España. Tres días antes, como mal augurio, el general Prim, su valedor, era objeto de un atentado mortal, cuyos autores nunca fueron descubiertos. Juró la Constitución ante las Cortes el día 3 de enero, comenzando así un reinado breve de dos años que para él sin duda fue demasiado largo.

En efecto, los apoyos que encontró a su llegada se reducían a los progresistas.  La Iglesia echaba pestes contra un monarca sacrílego, cuyo padre había usurpado los Estados Pontificios al Papa Pío IX. Los carlistas se estaban lanzando al monte con sus escopetas. La oligarquía terrateniente pensaba que la democracia desembocaría en el socialismo y que sus fincas corrían peligro. Los republicanos celebraban congresos y pactos federales a la espera de una república que reconociera la libre federación de las regiones y estados de España. Los obreros y campesinos ya no confiaban ni siquiera en los republicanos, y empezaban a mirar con buenos ojos a la Internacional (AIT) y, en especial, a su facción bakuninista (anarquistas); por tanto, despreciaban el juego político de los partidos y soñaban con la revolución social y el comunismo libertario. Los hacendados españoles de Cuba y los negociantes con intereses coloniales desconfiaban igualmente. La burguesía industrial catalana, que apoyó en un principio la revolución, estaba descontenta por el arancel librecambista de Figuerola, que ponía en peligro su producción. De modo que los progresistas de Sagasta y Ruiz Zorrilla debían, si quería sobrevivir el régimen, ampliar la base social de apoyo al nuevo monarca. ¿Cómo hacerlo?. ¿Con una política conservadora de los unionistas y conservadores, como quería Sagasta?; ¿o bien, con una apertura hacia la izquierda, logrando así que los demócratas y republicanos benevolentes se acercaran?.

Los carlistas comenzaron una insurrección en toda regla en mayo de 1872 y la oligarquía de banqueros, industriales y terratenientes iban aglutinándose en torno a la idea de restaurar a los Borbones en la persona del hijo de Isabel, don Alfonso. Eran los “alfonsinos”. Enfrente se encontraban los que querían profundizar en el proceso revolucionario: los republicanos federales obsesionados por la libre organización de los diversos pueblos de España y la plena consecución de la libertad política en una sociedad laica. El mito de la República seguía seduciendo a todos los que luchaban por mayores derechos y libertades, sectores de la pequeña burguesía, del campesinado sin tierras y del proletariado industrial:

Amadeo, rechazado por la aristocracia española, se encontró aislado pero rechazó las propuestas de dureza que le hacía Senano. Finalmente, el 11 de febrero de 1873 abdicó del trono. Ese mismo día, el Senado y el Congreso, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República.

El nuevo régimen duró muy poco. Se agudizaron los conflictos que venían de atrás. Los republicanos, a su vez, estaban escindidos en unitarios y federales. Aquellos pretendían una vuelta al orden que mantuviera los principios liberales y estaban apoyados por los radicales. Los federales, con mayor apoyo popular, pretendían una política de cambios profundos: separación de la Iglesia y el Estado; configuración de una Federación de Estados; supresión de la esclavitud; creación de un ejército voluntario, etc. En un año de vida, la República española conoció distintos rumbos: tras la presidencia de Figueras y unas elecciones ganadas por los federales Pi i Margall, como nuevo presidente, impulsó la elaboración de una nueva Constitución que no llegó a promulgarse. La guerra carlista, que se recrudeció a mediados de 1873, la guerra de Cuba y la revolución cantonal forzaron su caída. A continuación, Salmerón, que dimitiría por motivos de conciencia (al negarse a restaurar la pena de muerte) y Castelar darían un nuevo giro conservador al régimen.

Mientras tanto, el partido alfonsino seguía creciendo y tenía en Cánovas del Castillo un dirigente muy capaz. EI día 3 de enero de 1874 llegó el fin: el capitán general de Madrid, Pavía, disolvió con sus tropas las Cámaras. Tras el golpe, reunió a los notables de los viejos partidos; de aquella reunión salió nombrado jefe de un gobierno que sólo era republicano en las formas: el general Serrano. Durante otro año Serrano, que hizo caso omiso a las libertades democráticas, disolvió la Internacional, persiguió a los republicanos y reestructuró el ejército para hacer frente a la guerra carlista. En suma, volvía la política de mano dura. En 18741a oligarquía española estaba abiertamente por la solución alfonsina. Cánovas del Castillo esperaba el retorno de don Alfonso ante el desorden republicano.

  EI propio Cánovas redactó un documento (otro Manifiesto) que firmó don Alfonso y se hizo público a finales del año: el Manifiesto de Sandhurst (nombre de la Academia militar inglesa en que estudiaba) proclamaba la voluntad de don Alfonso de reinar como monarca constitucional moderno, respetando las libertades públicas. Pero algunos militares fueron más impacientes. E1 29 de diciembre, en Sagunto, Martínez Campos, apoyado por Primo de Rivera y Valmaseda, se pronunció en favor de Alfonso XII como rey. A Cánovas no le gustó este nuevo pronunciamiento per las adhesiones de los principales generales, incluidos los que luchaban contra los carlistas, llegaron enseguida. Se constituyó un ministerio-regencia, presidido por Cánovas, que gobernaría provisionalmente hasta la llegada de Alfonso a España. El 19 de enero de 1875 el monarca desembarcaba en Barcelona.